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Una construcción ilegal en la vivienda de Ayuso afectó gravemente a un negocio familiar.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo han evitado pronunciarse acerca de la noticia sobre la obra sin autorización en el piso donde vive ella, a pesar de que puede calificarse como una infracción urbanística muy grave. Este jueves han ridiculizado un detalle que aparecía en esa información: el daño que causaron las obras a los vecinos y a un restaurante, insinuando que solo sufrieron una “gotera”. La realidad es que los desperfectos supusieron la ruina de una familia. Este periódico ha verificado fotos y vídeos que muestran los destrozos en el negocio ubicado en los bajos de su edificio, que acabó cerrando y declarándose en quiebra.

Las obras del piso donde vive Ayuso junto a su pareja habían comenzado en agosto de 2022. González Amador informó al Ayuntamiento el día 4 de ese mes del inicio de la obra, pero desobedeció dos requerimientos —uno el 2 de noviembre y otro el 13 de diciembre— en los que cargos municipales le exigían “la paralización y/o cese inmediato” de la reforma. No consta que inscribiera una nueva petición en ninguna de las tres bases de datos municipales donde se inscriben los trámites urbanísticos.

La normativa del Ayuntamiento califica como muy grave “la presentación de declaraciones responsables o solicitudes de licencias que incluyan documentación falsa, o que omitan datos o información de carácter esencial”, como es este asunto. Esta infracción prescribe a los tres años —en este caso en noviembre de 2025— y conlleva una sanción de hasta 3.000 euros.

Los medios han puesto el foco sobre esta vivienda tras conocer que González Amador la compró después de cometer un presunto fraude a Hacienda, desvelado por elDiario.es el 12 de marzo de este año. El mes anterior, la Fiscalía había denunciado a González ―y a otros cuatro colaboradores— por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros. La cuantía corresponde a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.

Ayuso salió rápidamente en defensa de su pareja, pero horas después se conoció que González Amador había admitido su culpa ante la Fiscalía. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad adeudada y así reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y de pagar una sanción hasta siete veces mayor que la cantidad defraudada.

El inmueble, de 183 metros cuadrados, está ubicado en Chamberí, una de las zonas más caras de la capital de España. Aquí el metro cuadrado se situaba en febrero en 6.271 euros, según el último informe de Idealista. Es decir, que un piso de 50 metros cuadrados cuesta, al menos, 313.500 euros. Y el de la presidenta y su pareja ascendería hasta 1.147.593 euros. Además, poco antes de la mudanza uno de los abogados de González Amador compró otra vivienda de similares dimensiones en la planta inmediatamente superior de ese edificio, en el ático. Se desconoce si ambos pisos han sido unidos.

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