Los ciudadanos de la Comunidad de Madrid fueron de nuevo los que más quejas hicieron llegar al Defensor del Pueblo en 2023, con 8.470 denuncias, seguidos de los de Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208), destacando en Madrid las protestas relacionadas con los retrasos en la justicia y la situación en sanidad, transportes y educación.
En cuanto a los retrasos en la justicia, el informe apunta que hay juzgados, como el de primera instancia número 101 bis de Madrid, que desde 2022 formula recomendaciones sobre la creación de otros nuevos juzgados en materia civil. Sin embargo, en 2023 la Comunidad de Madrid señaló como alternativa su intención de “implantar medidas de robotización para reducir los plazos”, además de reforzar la plantilla con doce funcionarios.
La situación en los centros penitenciarios también ha sido causa de numerosas quejas en la Comunidad de Madrid, ante lo que el Defensor formuló una recomendación para adoptar medidas y que los centros “cuenten con el personal sanitario suficiente y poder garantizar la prestación de sus servicios de manera rápida y eficiente”, a través de “nuevas fórmulas de contratación”. Por otro lado, molesta a los vecinos de la ciudad de Madrid que desde 2021 “se demora considerablemente” la tramitación para conseguir una plaza de aparcamiento de residente, aunque reconoce que el Consistorio “está haciendo un esfuerzo para normalizar los tiempos” de gestión.
El Defensor del Pueblo recibió 35.603 quejas de la ciudadanía en 2023, un 13,2% más que en 2022, muchas relativas al descuido en los servicios públicos esenciales, como la justicia, la Seguridad Social y la sanidad, y a la saturación de la atención ciudadana por parte de las administraciones. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el Informe anual de la institución relativo a 2023, en el que se evidencian los problemas derivados de la cita previa con las administraciones y se pone el foco en que los procesos de digitalización han de ser compatibles con la asistencia presencial, particularmente para quienes no son nativos digitales o tienen dificultades para utilizar la tecnología.
Los asuntos que protagonizaron las quejas ciudadanas afectaban principalmente a la administración de la justicia (el 12%), la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad. Las más de 35.000 quejas tramitadas por el Defensor dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones: 668 recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y 3 advertencias. Inició el pasado año 288 actuaciones de oficio, un 15 % más.
El Defensor del Pueblo ha informado de que las quejas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han ido en aumento desde su puesta en marcha, por lo que recomienda introducir cambios organizativos y legislativos para garantizar que la prestación llega a todas las personas que la necesitan. Esta es una de las recomendaciones del informe anual del Defensor del Pueblo, correspondiente a 2023 y que se ha entregado este viernes en el Congreso de los Diputados, un documento en el que se indica que las quejas en el tercer año de vigencia de esta prestación se han incrementado con respecto a años anteriores y ya se aproximan a 1.000. Una de las cuestiones que sigue dando lugar a un número importante de quejas es «la conformación de las unidades de convivencia», ya que la acreditación de las personas que conviven depende de los datos disponibles en el padrón de población y se limita la aceptación de otros elementos de prueba válidos en derecho.