Los socialistas y el partido de Puigdemont han registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, que incluye la gestión de la Generalitat de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o la devolución de los extranjeros que tengan prohibición de entrada.
El pacto entre socialistas e independentistas catalanes también llevará a los Mossos d’Esquadra a cogestionar con la Guardia Civil y la Policía Nacional la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas. Para ello, la Policía catalana estará en frontera y actuará para hacer cumplir la ley en cooperación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Además, Cataluña se configurará como «ventanilla única» en su territorio de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración; así como expedirá el documento de identidad para los extranjeros, a partir del Registro del NIE del Estado español. También se incrementará el número de Mossos en 1.800 efectivos, hasta alcanzar la cifra total de 26.800 agentes.
El acuerdo también recoge que Cataluña ejerza la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, instruirá y ejecutará expulsiones que no requieran expediente (devoluciones), y las que sí lo requieren se resolverán a partir de la propuesta formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad catalana.
La Generalitat también determinará el contigente de trabajadores extranjeros en la contratación en origen, aplicará las previsiones de la legislación vigentes en materia lingüistica, y serán los Mossos quienes ejerzan la competencia para la prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Por último, para que la cesión de competencias sea una realidad, el Estado transferirá «los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» para que Cataluña las pueda ejercer. Solo de este modo la región podrá desarrollar «un modelo propio» con «una política integral», y «todas las fases de la relación de los inmigrantes» con las instituciones catalanas «tendrán una posición determinante» en la legislación europea y española.
LA CESIÓN SE HARÁ EN BASE AL ARTÍCULO 150.2 DE LA CONSTITUCIÓN
En la exposición de motivos del acuerdo, ambas partes justifican esta delegación de competencias esgrimiendo que Cataluña «ha sido siempre» un territorio con mucha población inmigrante, a la que «ha tenido la capacidad de integrar» en su modelo de «catalanidad». En concreto, recuerdan que el 18% de la población catalana es extranjera y que el 24% ha nacido fuera de Cataluña.
«La situación en Cataluña determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la Generalitat de Cataluña y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población», se puede leer en el pacto firmado por PSOE y Junts.
La cesión se hará en base al artículo 150.2 de la Constitución, que recoge que el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas «facultades correspondientes a materia de titularidad estatal» que por su propia naturaleza «sean susceptibles de transferencia o delegación».
Con esta ley, según las partes firmantes, Cataluña «podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país» –incluida la integración lingüística– basada en «un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso».
El acuerdo, firmado en Bruselas por socialistas y posconvergentes, se ha cerrado una semana después de que los de Carles Puigdemont retirasen en el Congreso la moción de confianza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La negociación para el traspaso integral de estas competencias llevaba encallada desde hacía meses y los principales obstáculos se centraban en tres puntos: control de fronteras, expedición de los Números de Identidad de Extranjeros (NIE) y la apertura de expedientes de expulsión.
El Ejecutivo central siempre ha defendido que el control de fronteras es una competencia estatal, aunque se ha mostrado abierto a incorporar algunos retoques, como por ejemplo aumentar la presencia de Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos.
El calendario en el que se trabajaba era el de lograr un acuerdo a finales del año pasado, pero desde Junts siempre se ha puesto énfasis en que debía ser un traspaso integral de las competencias en esta materia, algo que no venía reflejado en el avance de las negociaciones.
Una vez el pacto quede sellado, debería quedar allanado el camino para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), según señalaron fuentes del Gobierno, que esperan que un acuerdo en estos términos ayude a convencer a Puigdemont para que respalde unas nuevas cuentas públicas.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró el pasado 4 de febrero que el compromiso del Ejecutivo central era «respetar siempre el paraguas de la Constitución» en materia de las competencias migratorias.
PUIGDEMONT REIVINDICA QUE ASUMEN UNA COMPETENCIA DEL ESTADO
Por su parte, el presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes que el acuerdo entre el PSOE y su partido para la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat representa la asunción de cuestiones que son «competencias que normalmente ejercen los estados».
«Cuando entre en vigor la ley, nuestro sistema político e institucional gestionará competencias que normalmente ejercen los estados. Y esto exige una gran responsabilidad y preparación, que no será sencilla pero que estamos dispuestos a hacer. Al final estaremos mucho más preparados para el futuro como nación», ha destacado en rueda de prensa para valorar al acuerdo entre ambas formaciones.
Tras avisar de la dificultad que supondrá su implementación porque requerirá traspasos, formación y compartir información, ha defendido que permitirá que la Generalitat gestione «todo lo que tenga que ver» con la vida de una persona que llegue a Cataluña.
También ha subrayado que es una delegación «integral» de las competencias en inmigración, ha dejado claro que el Estado seguirá siendo el titular.