La Abogacía General del Estado, en representación del presidente del Gobierno, presentó un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando la ampliación de la querella por prevaricación interpuesta a finales de julio.
Esta acción se da como respuesta a la decisión del juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, de permitir a las partes personadas en la causa acceder al vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como testigo, realizada el 30 de julio en el Palacio de La Moncloa. En dicha declaración, Sánchez se amparó en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los cónyuges de la obligación de declarar.
A pesar de la petición de la Fiscalía de no proporcionar la grabación a las partes, el juez Peinado consideró que la misma carecía de utilidad procesal y material. Por su parte, la Abogacía del Estado ha señalado que el objetivo de estas actuaciones es otorgar una publicidad incompatible con el régimen de toma de declaración en estos casos, más que buscar eficacia procesal.
El próximo 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si impide al juez Peinado continuar con la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la que se indagan sus vínculos con la Universidad Complutense de Madrid y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como su conexión con Javier Hidalgo por su rol en Globalia, matriz de Air Europa, empresa rescatada por el Gobierno durante la pandemia.