La Sección Primera de la Audiencia deberá pronunciarse ante el Ministerio de Justicia sobre las peticiones de ocho de los nueve exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía condenados por malversación en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.
Entre los solicitantes se encuentran José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de prisión cuya pena está suspendida por motivos de salud; Antonio Fernández, con una condena de siete años, once meses y un día; Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días; Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día; Agustín Barberá, condenado a siete años y un día; Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años; Miguel Ángel Serrano, condenado a seis años, seis meses y un día; y José Antonio Viera, condenado a siete años y un día, quien actualmente cumple pena de cárcel en tercer grado por motivos de salud.
El caso de Juan Márquez, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, será revisado por el Tribunal Supremo ante el Ministerio de Justicia, ya que su pena se redujo a tres años de cárcel tras la apelación.
La Fiscalía se opone a las peticiones de indulto, argumentando que las condenas por corrupción política en el caso de malversación no deben quedar sin respuesta punitiva y que la función del indulto no justifica la conmutación de las penas impuestas. Además, recuerda que la sentencia del Supremo define la conducta de los condenados como «corrupción política» y resalta el grave quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública durante el caso.