El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado durante su discurso en el acto institucional por el Día de la Región, que se solicitará al Consejo Consultivo que investigue con transparencia e independencia las posibilidades de defender la normativa ante el Tribunal Constitucional.
García-Page ha expresado su deseo de despejar cualquier duda sobre la legalidad de la normativa y ha destacado que es su responsabilidad como presidente proteger los intereses de la región y sus competencias. A pesar de aceptar decisiones democráticas mayoritarias, ha mantenido su posición de discrepancia de fondo, no solo constitucional.
Por otro lado, casi todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han anunciado que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de amnistía, incluyendo a Madrid y Andalucía. Este paso se da luego de que el Pleno del Congreso aprobara la normativa con mayoría absoluta, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación.
El Partido Popular a nivel nacional, dirigido por Alberto Núñez Feijóo, también tiene previsto presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque no se han dado detalles sobre la fecha de registro. La normativa establece un plazo de tres meses para la impugnación desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este contexto, se espera una «cascada» de recursos por parte de las comunidades autónomas del PP contra la ley de amnistía, con anuncios ya confirmados por los gobiernos de Madrid, Andalucía, Murcia, Baleares, Castilla y León, y Aragón, entre otros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que su gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad «ya mismo» contra la normativa, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que su objetivo es «intentar parar este desafío secesionista e independentista».