En Valdemoro, una propietaria de una vivienda lleva cuatro años sin cobrar el alquiler de su casa, la cual alquiló a través de una ONG a una familia refugiada siria. A pesar de que el arrendamiento estaba destinado a ayudar a pagar la hipoteca y aliviar los problemas económicos, los inquilinos, que recibían más de 2000 euros en ayudas del Gobierno y de la Cruz Roja, dejaron de pagar poco después de un año. Se descubrió que incluso se encontraban de vacaciones en Málaga a través de una red social.
Tras acudir a los tribunales, la familia siria fue declarada vulnerable, mientras que la propietaria, Basi, se vio obligada a regresar a casa de su madre con su familia. Han tenido que pedir préstamos para pagar la hipoteca e impedir el embargo, y Basi se siente en una situación de indefensión, habiendo perdido la fe en la Justicia.