Los vecinos de la Cañada Real denuncian la situación de vulneración de derechos por cortes de luz
Los vecinos de la Cañada Real han hecho pública una carta abierta en la que denuncian “la gravísima situación de vulneración de derechos que viven diariamente” y exigen que se les devuelva la luz tras cuatro años con cortes en el suministro, lo que consideran que «es insostenible» y «viola sus derechos».
Se trata de un documento firmado por la asociación de vecinos de la Cañada Real, la agrupación Tabadol, y la Plataforma Cívica Luz para la Cañada, que dicen “sentir la necesidad de alzar la voz” para que la ciudadanía sepa que las miles de familias que viven en este alojamiento “llevan más de cuatro años sufriendo las consecuencias de un apagón eléctrico que afecta a sectores enteros de la Cañada”.
En su escrito, lamentan que las administraciones responsables “no hayan tomado medidas eficaces para resolver esta crisis humanitaria”, y recuerdan que el Defensor del Pueblo ha emitido en varias ocasiones resoluciones “que subrayan la gravedad de esta situación”.
Creen que este escenario es “insostenible y contrario a los derechos fundamentales de las personas”, y piden que se tomen medidas para restablecer el suministro eléctrico y “garantizar unas condiciones de vida dignas para las familias afectadas”. También recuerdan que Naciones Unidas y la Unión Europea se han manifestado en varias ocasiones en contra de este corte de luz a la Cañada, y afean que, a pesar de estas advertencias, “el Gobierno sigue ignorando estas demandas, dejando a miles de familias en el olvido”.
Los vecinos afectados creen que esta falta de suministros pone de manifiesto “la falta de respeto hacia su comunidad”, al mismo tiempo que “evidencia cómo desde las instituciones se perpetúan prácticas que violan sus derechos y agravan su ya difícil situación de vida”.
Por otro lado, censuran que se ha vuelto “una práctica recurrente” que se produzcan vertidos ilegales de escombros en el entorno de la Cañada Real, convirtiendo sus sectores “en vertederos improvisados”. Por todo ello, piden que este asentamiento sea “digno y seguro”, y concluyen que “no se trata de caridad, se trata de justicia”, porque las familias de la Cañada Real “no son ciudadanos de segunda y tienen derecho a una vida digna, a la igualdad de oportunidades y al respeto de sus derechos fundamentales”.