Por primera vez desde el ‘procés’, el Tribunal Supremo (TS) vuelve a ser el foco de causas mediáticas como el ‘caso Koldo’, que indaga en supuestas adjudicaciones irregulares para la compra de material sanitario y contratos de obra pública; y la querella en la que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, atribuye una presunta revelación de secretos al fiscal general y a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
En lo que respecta al TS, el magistrado Leopoldo Puente está pendiente del suplicatorio que envió al Congreso para que suspenda la inmunidad de Ábalos como diputado del Grupo Mixto. La causa está en el aire en lo relativo al exministro hasta que la Cámara conteste, que no se prevé que lo haga hasta mediados de febrero, dado que enero está fuera del periodo ordinario de sesiones.
En paralelo, el TS debe resolver el recurso que presentó la APIF contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz como fiscal general.
Al margen, el Supremo debe pronunciarse sobre el recurso que presentó la asociación Liberum contra el Gobierno central por su supuesta «inacción» ante la DANA. Como esta, hay una decena de querellas contra Sánchez y varios ministros.
Por otro lado, está la demanda civil –admitida a trámite en diciembre– en la que el novio de Díaz Ayuso reclama 40.000 euros a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor por unas declaraciones que realizó el 12 de marzo en el Senado.