La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado la preparación de una ley de gestión sanitaria que busca limitar la colaboración público-privada en la Comunidad de Madrid. Según García, esta ley pretende poner fin a lo que considera «usos indecentes» del Sistema Nacional de Salud. Entre los objetivos del anteproyecto se encuentran limitar la gestión de servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro, mejorar la transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada, y facilitar a las comunidades la reversión de la gestión por parte de entes privados.
La ministra ha comparado el modelo de gestión sanitaria de Madrid con el de Cataluña, asegurando que el primero no funciona tan eficientemente como el segundo. Sin embargo, datos actuales muestran que Madrid cuenta con más sanitarios por habitante que Cataluña y listas de espera quirúrgicas más cortas. En cuanto al gasto en conciertos, Madrid destina un menor porcentaje de su presupuesto en comparación con Cataluña, lo que según la Comunidad de Madrid, hace que el sistema sea más eficiente.
Por su parte, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha criticado las declaraciones de la ministra García, defendiendo el modelo de colaboración público-privada de Madrid. Matute ha reprochado a García su actitud y la ha acusado de ejercer una «dictadura» en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La Alianza de la Sanidad Privada Española también ha criticado a la ministra, señalando que la ley propuesta generaría un gasto anual significativo y aumentaría las listas de espera en el sistema sanitario.