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La pareja de Ayuso será interrogada el 20 de mayo por presunta evasión de impuestos, según la jueza.

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La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el próximo 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. La citación se produce después de que la magistrada haya incoado diligencias contra Alberto G. A. y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.

En concreto, cita a declarar como investigados a Alberto G. A. y a Maximiliano N. para el próximo 20 de mayo y un día después a otras tres personas investigadas en el mismo procedimiento. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razona que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». «Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.

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