El abogado del Ejecutivo comunitario expuso durante la vista celebrada sobre la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas que debe dirimir sobre la responsabilidad contable de Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017. Según el letrado, la ley de amnistía en cuestión ha sido descrita como una «autoamnistía» que forma parte de un acuerdo político para asegurar la investidura del Gobierno de España.
El abogado ha señalado que la ley de amnistía no parece responder a un objetivo de interés general, sino que fue parte de un acuerdo político para lograr la investidura, ignorando las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre el diálogo significativo. En este sentido, se considera que las «autoamnistías» son contrarias al principio del Estado de Derecho.
Por otro lado, se ha destacado que la amnistía propuesta debe ser un medio adecuado para lograr un objetivo legítimo, y se ha defendido la competencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cuestiones remitidas en relación con la ley de amnistía. Además, se ha señalado que el plazo de dos meses para decidir sobre la aplicación de la amnistía puede ser contrario al Derecho europeo si no permite evaluar el fondo de manera adecuada, comprometiendo la capacidad de garantizar la plena aplicación del derecho de la Unión y proporcionar una tutela efectiva.