En su balance de 2024, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno analizará la figura de acusación popular al creer que se está «pervirtiendo» su «espíritu» por «organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos», sino «perseguir a personas progresistas».
La acusación popular está consagrada en el artículo 125 de la Constitución y regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de modo que «todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla» pero con los límites establecidos legalmente, que la permiten en todos los delitos perseguibles de oficio y la excluyen de los llamados ‘delitos privados’, de los cometidos por menores y de los procedimientos militares.
La doctrina y la jurisprudencia la han configurado como un cauce para la participación ciudadana en las causas penales en defensa del «interés general», entendido como «el esclarecimiento de lo verdaderamente sucedido y la imposición, en su caso, a los posibles responsables de las penas y reparaciones civiles que pudieran corresponder», según recordó el Tribunal Supremo (TS) en un reciente auto firmado por el instructor del ‘caso Koldo’, el magistrado Leopoldo Puente.
Se sitúa así como una tercera vía, desvinculada de la Fiscalía –a quien compete «promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público»– y de la acusación particular –la que corresponde a las víctimas del delito– que en la práctica han venido ejerciendo personas físicas y jurídicas de distinta naturaleza –administraciones, partidos, asociaciones, etc– para personarse, principalmente, en casos de corrupción.
Recientemente, ha cobrado protagonismo al estar en el origen del ‘caso Begoña Gómez’, donde el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Cabe recordar que la causa arrancó por una denuncia de Manos Limpias que recogía informaciones periodísticas y, posteriormente, se sumaron las acusaciones populares de Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y el Movimiento para la Regeneración Política de España.