La Fiscalía de Delitos Económicos se ha posicionado a favor de investigar las denuncias presentadas por la asociación Hazte Oír contra Díez, en las que se le acusa de presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. De acuerdo con fuentes fiscales, el Ministerio Público ha abierto diligencias indeterminadas tras el informe solicitado por el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
Hazte Oír argumentó que las acciones de Díez no pueden justificarse como parte de su actividad profesional, ya que no es abogada ni fiscal, sugiriendo que podría haber actuado como ‘comisionista’ para enriquecerse a través del tráfico de influencias, o bien siguiendo órdenes oficiales u oficiosas del Gobierno o de miembros del mismo. La Fiscalía también considera que podría ser un caso de tráfico de influencias utilizando el Gobierno para proteger intereses particulares.
Este es el segundo juzgado madrileño que inicia una investigación sobre las actividades de la exmilitante socialista, tras el Juzgado de Instrucción Número 2, que también abrió diligencias por presunto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil. Las fuentes jurídicas han indicado que el primer juzgado ha añadido el delito de cohecho a las diligencias, como solicitaban los denunciantes, quienes también señalaron posibles actos de obstrucción a la justicia.
Además de estas denuncias, hay otras que están pendientes de resolución, como la presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid, y la de Iustitia Europa en el Juzgado 44. Díez, que fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y está vinculada al partido, se defendió asegurando que los audios en cuestión formaban parte de una investigación periodística para un libro sobre presuntas cloacas del Estado, negando tener cargo público o político en el PSOE.