La Junta de Fiscales de Sala ha avalado por mayoría la decisión de la número dos del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde, de pedir el archivo de la querella interpuesta por el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la supuesta filtración de datos de su causa por parte de la institución.
Por diecinueve votos a favor, doce en contra y una abstención, la cúpula del Ministerio Fiscal ha considerado que no debe prosperar la citada querella, presentada por Alberto González Amador por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.
La fiscal del caso, María de la O Silva, apostaba por practicar una serie de diligencias como examinar las comunicaciones del fiscal general, una postura que no ha sido respaldada por la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala, que ha apoyado el criterio de Sánchez Conde.
La Junta, cuya postura no es vinculante para la número dos de la Fiscalía aunque sí suele asumir la posición de la mayoría, ha adoptado su decisión tras una larga reunión que ha comenzado a las 09:30 horas y se ha interrumpido unas dos horas y media por un acto de despedida de un fiscal. Esta querella se tramita al margen de la presentada por el Colegio de la Abogacía madrileña (ICAM), en la que, en cambio, no imputaba los hechos a nadie en concreto.
Ambas se presentaron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González, por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
Precisamente, este martes se hizo público que Alberto González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a censurar que se divulguen los datos «privados» del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. «Eso es lo absolutamente grave», ha subrayado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa. García Martín ha insistido en denunciar «que se estén utilizando los medios del Estado» no solo para «tratar de atacar a un ciudadano anónimo» sino para «desgastar y utilizarlo políticamente» así como para «echar tinta de calamar para tapar la situación en el que se encuentra en este momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está acorralado por una trama de corrupción económica sin precedentes».
Además, ha hecho hincapié en que el Código Penal «recoge penas hasta de cárcel» por la revelación de este tipo de datos.