NacionalFiscales solicitan al Tribunal Supremo suspender al fiscal jefe.

Fiscales solicitan al Tribunal Supremo suspender al fiscal jefe.

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En un escrito, la asociación minoritaria de la carrera fiscal solicita al alto tribunal que suspenda a su vez de forma provisional a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por presunta revelación de secretos.

 

La APIF, representada por los abogados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, incide en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) contempla que la exigencia de responsabilidad civil y penal a los fiscales se rija por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la «suspensión de los jueces y magistrados «cuando se hubiera declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones».

 

En este sentido, la asociación subraya que el Supremo ya acordó «proceder contra» García Ortiz y Rodríguez por la querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso. Por ello, entiende que corresponde suspenderles de forma provisional no solo de sus cargos sino también de su oficio de fiscales.

 

«Si a cualquier fiscal que se encontrase en esta situación debería suspendérsele provisionalmente de empleo –por eso también hemos solicitado que se aparte a Dña. María Pilar Rodríguez Fernández–, cuando el afectado es el fiscal general del Estado la adopción de esta medida deviene obligatoria», apunta la APIF.

 

RECUERDA QUE ES EL SUPERIOR DE LA FISCAL DEL CASO

 

Al hilo, defiende que si García Ortiz continuara siendo el jefe del Ministerio Público durante el transcurso del procedimiento, «él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir en la causa y en calidad de tal podría impartirle órdenes».

 

Para la asociación, «evidentemente, esto provocaría una distorsión inaceptable», dado que la fiscal a cargo de la causa –la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde– «actuaría al servicio del propio investigado/acusado».

 

«Precisamente para evitar esta situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal, consideramos particularmente necesario que se suspenda de forma provisional a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado», añade.

 

La APIF sostiene que el Supremo es competente para adoptar esta medida, porque –a su juicio– «resultaría sumamente paradójico que el juez instructor estuviera legitimado para adoptar medidas cautelares tan contundentes como la prisión provisional o un embargo de millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran generarse, pero no para suspender provisionalmente de empleo a un funcionario investigado».

 

Cabe recordar que Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, planteó la misma petición al Supremo hace unos días y el juez Ángel Hurtado contestó que responderá a las medidas cautelares solicitadas.

 

La APIF se suma después de que el instructor autorizara la entrada y registro por parte de la Guardia Civil al despacho de García Ortiz para buscar la información contenida en «dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos». Los agentes estuvieron más de 10 horas en la sede de la Fiscalía General.

 

«¿SEGUIREMOS MUDOS?»

 

Por otra parte, la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, ha pedido a los representantes del Ministerio Público «reacción» después de que la Guardia Civil registrase el miércoles el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. «¿Seguiremos mudos?», se ha preguntado.

 

A través de un comunicado, la AF ha asegurado que «la entrada y registro en la sede de la Fiscalía General del Estado autorizada por el Tribunal Supremo y practicada por la Guardia Civil es un hecho sin precedentes que marca un hito que tardará muchos años en borrarse de nuestra memoria colectiva».

 

«Le pedimos a la Carrera Fiscal reflexión, primero porque somos fiscales y por consiguiente conscientes de que un auto autorizando esta medida no se dicta en el vacío. Solicitamos de cada fiscal que medite sobre cómo nuestra institución aparece en las diligencias abiertas por el Tribunal Supremo y no en la imagen lamentablemente evocadora de la presencia policial indagando la existencia de delitos en nuestra sede fundamental, sino de la mera presencia procesal del Ministerio Fiscal», ha apuntado.

 

La asociación ha asegurado que no quieren «explicaciones ni justificaciones, sea de la persona o sea del titular de la alta magistratura, de su falta de actividad tras asumir la condición de parte investigada en un proceso penal».

 

«Ya hemos pedido del fiscal general su dimisión y ya hemos transmitido la anomalía insólita a los estados europeos, a las instituciones de la Unión Europea y al Consejo de Europa. Ayer le hemos explicado tanto al fiscal general como a la Carrera la situación jurídica excepcional en que se halla nuestra institución, atendidas las normas jurídicas que rigen el proceso penal y la regulación orgánica que regulan el funcionamiento del Ministerio Fiscal», ha recordado.

 

En este contexto, la AF ha pedido «a la carrera que busque las difíciles respuestas a preguntas sencillas». «¿Qué Fiscal interviene en las diligencias previas abiertas en el Tribunal Supremo?, ¿quién y cómo le designó?, ¿a qué fiscal se le notificó el auto conocido parcialmente ayer?, ¿qué percepción puede tener el instructor (o la sociedad, o la carrera fiscal) de la institución que debe garantizar los principios de legalidad e imparcialidad cuando pueden concurrir en quien intervenga causas de abstención evidentes?», se ha preguntado.

 

«¿ES ASUMIBLE ESTA ANOMALÍA?»

 

En este contexto, la asociación se hace más preguntas. «¿Es imaginable la intervención de la teniente fiscal del Tribunal Supremo cuando depende directamente de quien es persona investigada y de quien depende su eventual renovación?, ¿es admisible que ella o cualquier otro Fiscal de Sala, al igual que quienes integran el Consejo Fiscal, intervenga en el procedimiento penal cuando el propio Fiscal General del Estado ha requerido su opinión en la Junta de Fiscales de Sala y en el Consejo Fiscal tras informar extraprocesalmente de su versión?», ha proseguido.

 

Así, también se ha cuestionado «qué informe va a emitir el fiscal encargado cuando le sea solicitado y a quién va a dar cuenta» del mismo.

 

«Más sencillamente, ¿cómo nos vemos?, ¿es asumible esta anomalía?, ¿se puede seguir deteriorando la institución y nuestra propia percepción sobre ella?, ¿seguiremos mudos, incluso en las conversaciones entre nosotros?», apostilla la nota.

 

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