El verano está a la vuelta de la esquina y las terrazas de la capital volverán a ser un reclamo para madrileños y turistas, pero su regulación se ha quedado en un “limbo administrativo” para aquellas que fueron autorizadas a partir de 2022. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación del Ayuntamiento de Madrid contra la anulación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la modificación de la ordenanza de terrazas aprobada en el anterior mandato del equipo de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís.
Esto implica que la normativa vigente en esta materia se rija por la anterior, que data de 2013, la cual es más laxa en cuanto a horarios y al número de terrazas de hostelería permitidas. Mientras tanto, el Ayuntamiento ya ha anunciado que está trabajando en una nueva normativa “muy similar” a la que acaba de ser rechazada por la justicia.
La sentencia, fechada el pasado 12 de marzo, establece que “no se puede apreciar el interés casacional y la necesidad» de un pronunciamiento por parte de los jueces. «La fundamentación de la citada trascendencia la basa, entre otras razones, la preparación del Ayuntamiento en la necesidad de incorporar mayores exigencias medioambientales, cuando se está precisamente ante una sentencia que anula dicha modificación por cuanto no ha contado con el oportuno análisis ambiental», señala. El fallo, además, impone a los recurrentes las costas procesales de una cifra máxima de 2.000 euros. Es decir, el Ayuntamiento deberá hacerse cargo.
Deficiencias «imperdonables» en la normativa de 2022
Tal y como ha recordado el responsable de Urbanismo en el grupo municipal socialista, Antonio Giraldo, el origen de este litigio se remonta al recurso contencioso-administrativo presentado por los concejales del PSOE Mar Espinar y Álvaro Vidal, en el que denunciaban “deficiencias imperdonables” en la tramitación de la ordenanza entre las que se encontraba la escasez de consulta pública o la ocupación de las terrazas en espacios de interés patrimonial.
El TSJM les dio la razón en abril de 2024, anulando el texto normativo por la “falta de un informe de impacto presupuestario, la ausencia de una evaluación ambiental y la omisión del trámite de audiciones a los afectados de determinados procedimientos”. Pese a la sentencia, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida decidió presentar un recurso de casación (que ahora ha sido rechazado por el alto tribunal) en un intento de “ganar tiempo para poder elaborar una nueva ordenanza”, en palabras de Giraldo.
Giraldo ha calificado de “chapuza” la tramitación de la ordenanza de 2022, pero también ha criticado que la nueva normativa anunciada hace un año todavía no haya entrado en vigor. “Es desidia y desinterés por dar solución a una situación de inseguridad jurídica que tenemos ahora mismo”, manifestaba el edil socialista.
A efectos prácticos, aquellos establecimientos de hostelería que quieran pedir autorización para instalar sus terrazas deberán estar sujetos a la normativa de 2013, pero con matices ya que – en palabras del regidor madrileño- deben tener en cuenta que antes de que acabe el año se aprobará una nueva ordenanza de terrazas que, salvo ligeros retoques, va a ser muy similar a la de 2022.
Mientras las terrazas solicitadas en 2022, tal y como ha explicado el edil socialista, “el TS deberá revisar de oficio todas las autorizaciones y licencias dadas en 2022 para ver si cumplen con los parámetros de la legalidad de la ordenanza de 2013”.
El edil del PSOE ha lamentado que el Gobierno municipal «siga gastando y dilapidando recursos públicos en recursos que ni siquiera se les admiten». Una “mala praxis” que también ha sido denunciado por la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que ha criticado que este procedimiento judicial deban “pagarlo todos los madrileños a escote”.
A pesar de la “inseguridad jurídica” y el posible agravio comparativo que puede generar la legislación entre unos espacios y otros, Martínez-Almeida ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” reprochando al PSOE madrileño de crear “pánico”. “Yo entiendo que la izquierda quiera que cunda el pánico, pero el equipo de Gobierno va a seguir garantizando que haya una ordenanza de terrazas y una aplicación de la normativa de las terrazas, que concilie el descanso de los vecinos con una actividad económica esencial”, señalaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita al centro multifuncional de la calle Fúcar.
El Ayuntamiento de Madrid lanzó una consulta pública en junio de 2024 para que los vecinos y hosteleros aportasen sus sugerencias para elaborar esa nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración.
¿Qué pasa con las sanciones?
Sobre las sanciones que algunos establecimientos hosteleros han podido percibir por no sujetarse a la normativa de 2022, Martínez-Almeida ha explicado que serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que tengan que determinar cuáles son anulables y cuáles no. «En este momento poco podemos decir al respecto, salvo el compromiso de que toda aquella sanción que sea anulable y que tengamos que devolver el importe lo haremos de manera inmediata”, defendía.