El juez Aguirre se niega a amnistiar los hechos objeto de investigación que dieron lugar a diferentes piezas separadas en relación con la concesión presuntamente irregular de subvenciones públicas por parte del Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (DIBA).
En una de las piezas separadas, denominada ‘Volhov’, se investiga a personas como el empresario y exdirigente de ERC, Xavier Vendrell, por presuntos desvíos de dinero público a entidades deportivas a través de concesiones irregulares de subvenciones. Según el juez, las defensas no han demostrado las operaciones de malversación realizadas ni han aclarado el destino final de los fondos utilizados.
Una segunda pieza separada abierta por Aguirre en 2020, llamada CATmón-Igman, amplió la investigación a subvenciones irregulares otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya a entidades como la Fundació CATmón y la Asociació Acció Solidaria Igman. El juez señala que algunos investigados habrían utilizado el dinero recibido de estas subvenciones de forma irregular, sin poder demostrar el fin de dichos fondos.
Asimismo, Aguirre descarta que las conductas investigadas tengan relación con el fomento del independentismo catalán. En una nueva pieza abierta en junio de este año por presunta injerencia rusa, el juez señalaba a expresidentes de la Generalitat como Puigdemont y Artur Mas, entre otros, por delitos como alta traición y malversación.
Por otro lado, el abogado de un investigado había solicitado apartar al juez Aguirre de la investigación, alegando falta de imparcialidad y un presunto interés personal en el caso. Sin embargo, Aguirre se opone a apartarse y argumenta que las recusaciones presentadas revelan un intento de utilizar el sistema legal para apartar al juez designado legalmente para el caso.
En este sentido, el juez recuerda que ha denunciado la divulgación de una conversación privada como una interceptación ilegal, y sostiene que las supuestas declaraciones que se utilizaron como base para la recusación se realizaron en un ámbito privado y llegaron a manos de medios de comunicación de manera presuntamente ilícita.
Con esta decisión, el juez Aguirre continúa al frente de la investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones públicas en Cataluña.