El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ejerciendo la acusación particular en la querella de Alberto González Amador contra dos fiscales de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos, ha remitido un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitando la elevación del caso al Tribunal Supremo.
En concreto, la causa que instruye el magistrado Francisco Goyena se refiere a la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal en un caso de presunto fraude fiscal. Entre los investigados se encuentran la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.
El ICAM ha pedido la elevación al Tribunal Supremo tras la fase de instrucción que incluyó la declaración de los fiscales investigados y ante los indicios que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, según ha explicado el Colegio en un comunicado.
María Pilar Rodríguez Fernández y Julián Salto Torres declararon ante el magistrado que la orden de emitir la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid provino del fiscal general del Estado. El fiscal general verbalmente asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional y reportó por escrito al TSJM, solicitando que la causa fuera remitida al Tribunal Supremo.
La investigación busca determinar quiénes intervinieron en la decisión de hacer público el comunicado de prensa y quién fue el máximo responsable de la carrera fiscal que aprobó difundirlo. Según el ICAM, la divulgación de la nota supone una grave violación de la confidencialidad y el secreto profesional, comprometiendo el derecho de defensa y a un proceso justo.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado la importancia de evitar que situaciones como esta afecten la integridad del sistema judicial y la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La elevación de la causa al Tribunal Supremo se debe a la condición de persona aforada del Fiscal General del Estado.