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Denuncian a Almeida por falta de transparencia en el caso de la posible fosa común de Montecarmelo, según Los Amigos de las Brigadas Internacionales.

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La búsqueda de una posible fosa común en el barrio de Montecarmelo, donde el Ayuntamiento de Madrid proyecta un cantón de basuras, ha llegado hasta los tribunales. La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) ha denunciado al alcalde José Luis Martínez Almeida y a cuatro funcionarios ante la Fiscalía por un delito de prevaricación al “ocultar indebidamente” el contenido del informe de la empresa que contrató Cibeles para verificar si en la parcela donde se proyecta la obra hay o no una fosa con los restos de 451 brigadistas internacionales caídos durante la Guerra Civil española.

La AABI ha acusado al alcalde; al delegado de Urbanismo, Borja Carabante; al concejal presidente de la Junta de distrito de Fuencarral, José Antonio Martínez Páramo; al director general de Limpieza, Víctor Sarabia; y a la subdirectora de Limpieza, Olivia Lombraña, de “falta de transparencia” al no hacer públicos los resultados del informe de la empresa, tal y como se había comprometido Carabante el 8 de abril. Gama Geofísica, SL entregó el informe el 26 de abril, según asegura la AABI, y, tras más de 50 días, no solo no se ha hecho público el documento, sino que los datos “en bruto” están siendo utilizados por la Dirección de Limpieza para redactar “el informe final”, según explicó el presidente del distrito de Fuencarral en el pleno de la semana pasada. Sin embargo, fuentes conocedoras han asegurado a este diario que lo que entregó la empresa no es un documento en bruto, sino un informe final, con conclusiones. La petición de la AABI, ahora, es que el Ayuntamiento entregue a la Fiscalía el informe y que, a su vez, Gama Geofísica, SL aporte el documento enviado para “comprobar su integridad”.

En la denuncia presentada en las últimas horas ante la sección de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la asociación también ha acusado a los funcionarios de una “actitud obstruccionista” por “impedir” el acceso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno central al terreno para hacer el estudio arqueológico. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática contrató en febrero a la empresa Arqueoantro para que, en un periodo de tres semanas, hiciera un sondeo arqueológico para verificar, definitivamente, si en la parcela 26.2b ―la seleccionada para la obra― había o no huesos. El 28 de febrero, Arqueoantro solicitó al Ayuntamiento el permiso para ocupar los terrenos, pero el área competente archivó el expediente el 14 de mayo alegando que el ministerio no había cumplido con el periodo de información pública que ordena la Ley de Memoria Democrática. El 30 de mayo, la empresa volvió a pedir permiso y, casi tres semanas después, sigue a la espera de una respuesta.

La AABI, que desde 1995 trabaja por la protección de la memoria de los voluntarios internacionales que combatieron junto al ejército republicano en la Guerra Civil, lleva años siguiéndole la pista a esta fosa, que sería la más grande de su tipo. Con documentos históricos, de fotografías de la época y hasta un listado de las 451 personas de la fosa, ha advertido en varias ocasiones de que tiene fuertes indicios de que el enterramiento estaría en las inmediaciones del cementerio de Fuencarral. Los 451 brigadistas estuvieron enterrados en una parcela anexa al camposanto hasta que, en 1941, el franquismo dio la orden de exhumarlos y llevarlos “a la fosa común del cementerio de esta localidad”, según figura en un libro de actas de las sesiones del entonces Ayuntamiento de Fuencarral, absorbido por Madrid en 1951. La causa de la AABI se cruzó con la de los vecinos de Montecarmelo en septiembre, cuando estos alertaron de que el Ayuntamiento planeaba construir un cantón y una base del SELUR en la parte de atrás del cementerio, justo en la misma zona donde la AABI sospechaba que estaba la fosa.

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