El Ayuntamiento de Madrid retira todos los documentos urbanísticos de la base de datos Conex
El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ha decidido retirar todos los documentos urbanísticos de la base de datos Conex, donde se pueden encontrar detalles sobre las casi 1,6 millones de viviendas de la capital. La Coordinación de Vicealcaldía, liderada por Inmaculada Sanz, solicitó un informe a la Oficina de Protección de Datos (OPD) del propio Ayuntamiento, que recomendó el cierre de Conex por contener información que no cumple con la normativa de protección de datos y representa un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
La OPD recomendó eliminar todos los documentos y planos que contuvieran datos personales de Conex o, en su defecto, anonimizar esa información para impedir la identificación de las personas afectadas. Según el informe de la OPD, mientras se realicen estas acciones, el acceso a la aplicación Conex debería permanecer cerrado.
El Ayuntamiento había evitado dar explicaciones sobre la eliminación de los documentos en Conex durante casi un mes, pero finalmente, tras el acceso de un documento de la Agencia de Actividades, se reveló que se estaba realizando una revisión de la documentación para garantizar los derechos de propiedad intelectual y protección de datos personales.
Conex, que fue presentada en julio de 2020 como una herramienta innovadora, permitía a la ciudadanía buscar información sobre obras y actividades económicas en los edificios de la ciudad. Sin embargo, recientemente el portal cobró relevancia al revelar indicios de una infracción urbanística en el piso de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Expertos consultados discrepan sobre si la decisión de restringir el acceso a los datos de Conex es apropiada, ya que puede afectar tanto al derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales como a la obligación de los gobernantes de facilitar el acceso a la información de interés público. La ley de Protección de Datos contempla apercibimientos, pero no sanciones, para las administraciones infractoras.