El Ayuntamiento de Madrid presentará en abril la nueva norma para controlar las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Aunque el anuncio, dado en octubre por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, daba a entender que el cambio era inminente, solo hasta ahora se ha dado una fecha. Pero la información se sigue entregando a cuentagotas. A menos de un mes de que se presente el nuevo proyecto, no se ha dado ni una pista de cuáles serán los cambios con respecto al Plan Especial que formuló la exalcaldesa Manuela Carmena, si subirán el número de inspectores para hacer control a los 14.133 pisos turísticos que existen en la capital –según cálculos experimentales del INE–, ni cómo se armonizarán con los cambios a dos leyes que también proyecta la Comunidad de Madrid en su Plan Normativo 2023-2027. Lo único que ha justificado el Ayuntamiento esta semana, como ya ha hecho en repetidas ocasiones, es que el Plan Especial de Carmena no funcionaba. La oposición ha criticado que el PP madrileño ha encarrilado al fracaso la ley vigente desde 2019 de pisos turísticos al reducir la plantilla de inspectores.
El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, ha justificado este lunes en la comisión de Urbanismo que abril será el momento de hacer el cambio porque el plan especial de Carmena “establece que la modificación se puede producir a los cinco años, porque da un plazo para evaluar las medidas”. Sin embargo, Más Madrid, que llevó el tema a la comisión, “no tiene claro” que se necesite un plazo específico para cambiar la norma y se remite al texto de 2019. En el artículo 2 dice que el Plan Especial será vigente “en tanto no sea modificado por un instrumento de planeamiento de igual o superior rango”. En todo caso, en 2021, el PP y Ciudadanos ya habían intentado formular una alternativa al Plan Especial de Carmena, aunque, al final, desistieron.
Carabante ha vuelto a cargar contra la norma actual y la ha calificado de “absolutamente ineficaz” para combatir esa amplia base de VUT ilegales. En Madrid, solo 277 VUT tienen licencia de funcionamiento, según datos de la Agencia de Actividades obtenidos por Más Madrid y difundidos esta semana por ElDiario.es. El delegado de Urbanismo reconoce “que hay un número muy elevado de VUT fuera de la legalidad”, aunque difiere de las cifras de la Agencia de Actividades. “Son bastante más [las que tienen licencia], pero, en todo caso, muy alejadas de las 13.000 o 14.000 que deben estar funcionando”, dijo Carabante en la sesión. La oposición defiende que el problema no es la norma vigente sino que no se ha aplicado.
La concejal de Más Madrid Lucía Lois ha cuestionado que se hayan dejado pasar cinco años para actuar. “Carabante vino a confirmar lo que llevamos años denunciando: que el gobierno de Almeida ha decidido cruzarse de brazos y permitido la proliferación de pisos turísticos ilegales hasta lograr modificarla a su antojo”, afirma. También denuncia que el Ayuntamiento ha dejado a la norma vigente sin herramientas para funcionar. “El problema no es la actual normativa que se aprobó en tiempos de Manuela Carmena, es que Almeida ha desguazado el servicio de inspección”, ha agregado Lois. Hace un año el partido ya había denunciado que la plantilla de inspección se había reducido de 22 a 11 profesionales, y sin dedicación exclusiva a VUT.
En la misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, María Reyes Maroto, ha acusado al Consistorio de encaminar al fracaso la ley de Carmena: “Ustedes critican el plan de hospedaje que se aprobó en 2019, pero lo que falla es su aplicación y, sobre todo, las inspecciones”. El PSOE maneja sus propias cifras de 17 inspectores urbanísticos, “un número raquítico frente al volumen de viviendas turísticas que operan de manera ilegal”, resalta Maroto, que ha catalogado a la capital como “el paraíso de los pisos turísticos ilegales”. Sin embargo, Carabante ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento tiene “65 personas en la inspección”. Aunque no ha mencionado que esta plantilla se dedica todo tipo de inspecciones. No hay un conteo oficial de viviendas turísticas. El registro experimental del INE habla de 14.000, pero el catálogo de la plataforma Airbnb, suma más de 24.000.