Francisco Herrera, presidente de la Fundación para el Progreso de Madrid, asegura que es poco más que una ordenanza municipal para organizar el tráfico y la seguridad pública

 

 

“La Ley de Capitalidad de Madrid es una burla para la ciudad”

 

Ni Sistema de Financiación ni competencias urbanística, la nueva Ley de Capitalidad de Madrid que hoy ha aprobado el Congreso de los Diputados es poco mas que una ordenanza municipal para organizar el tráfico y la seguridad. “Lo demás es humo. Llamarle a esto Ley de Capitalidad es un sarcasmo  y una burla para la ciudad”, asegura Francisco Herrera, presidente de la Fundación para el Progreso de Madrid. Además recorta competencias del Pleno que pueden suponer un obstáculo  para el funcionamiento democrático y  la transparencia de la institución municipal madrileña.

 

 

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Capitalidad para Madrid -una Ley, liderada por el Gobierno de la nación-, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros y el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid. La ley fue previamente consensuada con la Comunidad Autónoma, en el ámbito institucional, y con el apoyo conjunto  del PSOE y PP. Para Francisco Herrera, presidente de la Fundación para el Progreso de Madrid (FPM), el resultado de todo este itinerario es una de los mayores “fiascos políticos de la historia reciente, una auténtica burla, el gran gatillazo contra la ciudad”.

 

"El texto que llega -afirma Herrera- es poco mas que una ordenanza municipal para organizar el tráfico y la seguridad pública. Lo demás es humo. Llamarle a esto Ley de Capitalidad es un sarcasmo. Para que este informe articulado pudiera tener la condición de Ley de Capitalidad deberá incluir al menos dos apartados básicos: Sistema de financiación y competencias en materia urbanística”.

 

Dotar de contenido financiero a la Ley de Capitalidad – continúa el presidente de la FPM- no es pedir al Estado, como hizo el Alcalde, el 10% del IRPF, el 30% del IVA y el 20% de los Impuestos Especiales que se recaudan en la capital. Esto es imposible de abordar aquí por múltiples razones”. Para Herrera, lo que se debería haber hecho es evaluar el “coste de capitalidad”,  es decir lo que le cuesta a las arcas municipales atender los servicios derivados de la actividad general de la Administración del Estado y del funcionamiento del Gobierno y las instituciones de él dependientes. “Por ejemplo, - explica- 100 millones de euros/año. Y a partir de esa evaluación, establecer una cuota de revisión anual e incorporar la cantidad resultante a los presupuestos municipales directamente desde el presupuesto del Estado”.

 

Además Herrera considera imprescindible que la Ley hubiese incluido competencias en materia de urbanismo. “Dotar de competencias a la Ley de Capitalidad es hablar de urbanismo, el único poder real con que cuentan los Ayuntamiento. Es acabar con la tutela que hoy ejerce innecesariamente la Comunidad Autónoma. ¿Está más capacitado el gobierno regional que el municipal para decidir sobre la reforma del Puente de Toledo? Sin duda, hoy sí. Pero no deberá ser así. A la Comunidad Autónoma deberá ser competente en el establecimiento de las directrices básicas de la política territorial en la región y en la aprobación definitiva de las Planes Generales de cada municipio. En todo lo demás, los municipios de más de 100.000 habitantes y particularmente el Ayuntamiento de Madrid deberían ser soberanos, sin otro tutelaje que el cumplimiento de la legalidad”.

 

 

Transferencias de Pleno a la Junta de Gobierno

 

Por otra parte, la nueva Ley transfiere competencias que hasta ahora tenía el Pleno municipal a la Junta de Gobierno, competencias que en algunos casos pueden influir en el funcionamiento de la institución. "No da competencia destacadas a Madrid y además se aprovecha la redacción del documento para introducir algunas modificaciones que pueden constituir un obstáculo para el funcionamiento democrático y la transparencia de la institución municipal madrileña. La nueva Ley, por ejemplo, transfiere competencias del Pleno a la junta de Gobierno, algunas de sustancial importancia, como la aprobación inicial del Plan General de Urbanismo o las modificaciones del presupuesto  y de la plantilla".

 

 

Un documento largo con poco contenido

 

Por lo que se refiere al contenido de la Ley, en primer lugar se puede asegurar, según explica Francisco Herrera, que es un documento de redacción larga. "Ya en el Título preliminar queda perfectamente claro que la ley de Capitalidad no toca básicamente competencias hasta ahora atribuidas a la Comunidad Autónoma o al Estado". La Ley incluye otros cuatro títulos e incorpora seis Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

 

El Título I, por su parte, anuncia la creación de la "Comisión Interadministrativa de Capitalidad", integrada por representantes de las tres Administraciones y anuncia los asuntos objeto de su atención: Seguridad Ciudadana, Actos Oficiales del Estado, Manifestaciones y Protocolo. "Así de claro y así de duro", ironiza sobre este aspecto el presidente de la FPM.

 

"El Título II -continúa- aborda la organización municipal y se limita a reproducir sin más, con algunas variaciones, el esquema de funcionamiento actual del Pleno, las Comisiones, la Secretaría General del Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno, además de relatar miméticamente el funcionamiento administrativo municipal vigente en relación con los "Órganos directivos", los Distritos, la Intervención General, la Tesorería, el Tribunal Económico-Administrativo, el sistema tributario, los derechos de los vecinos y la asesoría jurídica municipal".

 

El Título III reúne las competencias de la ciudad, las diferencias entre propias, delegadas y atribuidas "mediante la técnica de la encomienda de gestión", realiza una exhaustiva descripción de las competencias en Seguridad Pública y dedica un capítulo a la 'participación en las infraestructuras de la Administración General del Estado'. "Un capítulo -dice Francisco Herrera- con cuatro artículos que contienen las 147 palabras más vacías de contenido que he leído en mi vida. Charlatanería de políticos que no tienen nada que decir".

 

 

Una aspiración desde 1932

 

Madrid lleva esperando largo tiempo una Ley de Capitalidad. Ya en 1932 y 1969 se aprobaron disposiciones legales que contemplaban la singularidad de Madrid y otorgaban una regulación jurídica especial para el ejercicio del Gobierno municipal. Pero es en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el Artículo 6 del actualmente vigente Estatuto de la Comunidad de Madrid, de 1983, donde se contempla de manera específica la necesidad de que Madrid tenga una Ley Especial o Ley de Capitalidad.

 

La múltiple condición de capital de España y sede de las instituciones básicas de la Administración General del Estado, de espacio compartido por las instituciones estatales, autonómicas y locales, de ciudad más densamente poblada y centro de una potente Área Metropolitana, de capital económica, financiera y cultural de España, así lo requerían, y sobre esto ha habido un gran consenso político desde la transición democrática hasta hoy, durante más de dos décadas.

 

“Consenso político virtual, de puertas afueras”, asegura el presidente de la Fundación para el Progreso de Madrid. “Porque a la hora de la verdad, salvo los distintos gobiernos municipales que se han ido alternando desde las primeras elecciones democráticas de 1979, nadie ha movido un dedo a favor de llevar a buen puerto este compromiso. A estos efectos, los gobiernos autonómicos de Leguina y Ruiz-Gallardón funcionaron como auténticas divisiones de choque contra las legítimas aspiraciones municipales”.

 

 

Comparación entre la leyes para Madrid y Barcelona

 

Madrid y Barcelona han coincidido en dar pasos decisivos para renovar su régimen municipal especial, tal y como preveía la Disposición Adicional sexta de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Madrid ha visto hoy su Ley de Capitalidad y de Régimen Especial mientras Barcelona conseguía aprobar por unanimidad del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley por el que se regula el Régimen Especial del Municipio, el pasado ¿????. La coincidencia en el tiempo y la evidente similitud en el contenido no supone, ni mucho menos, una identidad de modelo.

 

Madrid cierra con esta futura ley su marco de especialidad. En todo lo demás se regirá por la legislación estatal y de la Comunidad de Madrid en materia de Régimen Local.

 

Barcelona, en cambio, cuenta desde 1998 con una Ley autonómica (Ley 22/98 de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona) que establece una regulación diferenciada no solo del resto de los municipios del Estado, si no de la propia Cataluña, en materias tan variadas como organización municipal, los distritos, potestad normativa, participación ciudadana, derechos de los vecinos, organización municipal ejecutiva, y competencias tales como urbanismo, infraestructuras, vivienda, transportes, movilidad, telecomunicaciones, medio ambiente, salud pública, servicios sociales, juventud, cultura, deportes, educación, seguridad ciudadana o protección civil.

 

La consecuencia de esta disparidad de modelo entre una y otra ciudad es evidente: mientras la Comunidad de Madrid mantiene integras e intactas todas sus competencias y prerrogativas, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona llevan años construyendo fórmulas de ejercicio competencial compartido.

 

Aunque los proyectos legislativos guardan grandes similitudes en materia competencial y de relaciones interadministrativas existen algunas diferencias ya que el de Madrid pone el acento en su organización interna y regulación de su régimen jurídico y procedimental, mientras que Barcelona, ya cubiertos estos aspectos por la mencionada Ley autonómica de 1998, se centra en su régimen financiero.

 

Mientras la Ley para Madrid no concreta ni las infraestructuras en cuya gestión participará ni el porcentaje de su representación en sus órganos de dirección, Barcelona cita en concreto ferrocarriles, aeropuerto y puerto, estableciendo en este caso que el Ayuntamiento tendrá hasta un 20% en su consejo de administración, representación que consigue a costa de la Generalitat.

 

Al igual que en seguridad en que ambas normas contienen idéntica regulación para sus respectivas Juntas Locales de Seguridad, en movilidad, los textos  son prácticamente copias literales, hasta el punto de que el artículo 44 de la ley madrileña confunde aparentemente a la Policía Municipal con la Guardia Urbana a las que atribuye el objetivo común de aportar la cobertura legal para que las Ordenanzas puedan fijar Infracciones y Sanciones. Ambos textos coinciden en la previsión de crear un cuerpo de agentes de movilidad, ya existente en el municipio de Madrid, o agentes auxiliares de control del aparcamiento, a quienes no parece atribuirse el carácter de agentes de la autoridad, pero cuyas denuncias tendrán fuerza probatoria como si de tales se tratase.

 

Como diferencia entre ambas regulaciones se puede citar la previsión madrileña de “restricción o prohibición de la circulación y estacionamiento” en determinadas zonas, lo que parece la cobertura legal de las ya existentes “Áreas de Prioridad Residencial”, que parecen haberse convertido en la estrategia del actual equipo de gobierno para restringir el acceso de vehículos al centro de Madrid.

 

Más diferencias se encuentran en las competencia relativas a los bienes inmuebles. Barcelona establece una batería de medidas para proteger y aumentar su patrimonio municipal del suelo de la que carece Madrid. También para el patrimonio histórico la ley para Barcelona contiene una atribución para su ayuntamiento que no se contempla para Madrid: el informe previo municipal en el procedimiento de declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC):

 

A Barcelona se le otorgan competencias en telecomunicaciones y justicia mientras que estos capítulos no aparecen en la Ley para Madrid, que dispone nada al respecto de Hacienda, a la espera, según mantienen sus responsables, de la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

En este último aspecto aunque la norma para Barcelona no introduce novedades sustanciales, si prevé algunas competencias interesantes, como las bonificaciones de hasta el 5% por domiciliación de tributos o por colaborar en iniciativas sociales, culturales o de fomento de empleo; la posibilidad de unificar la carga tributaria que recaiga sobre el mismo sujeto pasivo; la regulación del Consejo Tributario, órgano similar al Tribunal Económico-Administrativo recogido en el Proyecto de Ley para Madrid; la posibilidad de imponer contribuciones especiales a todo un Área de Rehabilitación; la celebración de convenios con el Estado y la Generalitat para la financiación de instituciones “de amplia proyección y relevancia del municipio de Barcelona”; la participación del estado en la financiación del Área Metropolitana de Barcelona; la percepción regular de un porcentaje del presupuesto para ayuda al desarrollo o la creación de diversos mecanismos para la planificación económica con una vigencia igual al mandato municipal. 

 

 

 

Madrid, 11 de mayo de 2006

 

 

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